Madre e hija señaladas de estafar a una señora deberán pagar con prisión
Terminó el juicio de una madre y su hija acusadas de estafar a una señora con el montaje del negocio «Sabores de Mi Pueblo».
«Ahí quedó todo lo que yo invertí, eso, ¿quién me lo paga a mí?, ¿quién me paga mi capital de trabajo?, ¿quién me paga a mí todo el tiempo que yo invertí?», exclamó Araceli Marcia, culpable de estafa.
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Culpables madre e hija por estafar a una señora
Esta es la otra cara de la moneda en la gran estafa a una mujer de la tercera edad. Con lágrimas en sus ojos, la supuesta estafadora detalló cómo en realidad fue que surgió la sociedad para crear «Sabores de Mi Pueblo«.
Marcia detalló que se paga agua, luz, internet, «ósea, no solamente se paga el alquiler y se pagan los trabajadores, entonces, cómo iba a hacer posible que el dinero viniera y solo se pasara a su cuenta«.
El abogado defensor muy detalladamente mostró consignaciones, recibos de pagos a empleados y poco más de 20 váucher con pagos a diferentes entidades bancarias.
«Yo propuse como prueba documental, entre tantas, 18 váucheres de la tarjeta de crédito a favor de la señora Julia Sánchez Largaespada, en la cual se puede observar que mi representada la acusada Araceli deposito la cantidad de 100 mil córdobas a la tarjeta dela señora Julia«, detalló Marlon Gutiérrez, Defensa Técnica.
Tras la incorporación de las pruebas documentales, se llegó a los alegatos finales, donde cada contrincante judicial no reparó en la defensa de sus representados, la judicial decidió.
«Tanto Jennifer como Araceli tenían pleno conocimiento de la actividad ilícita que se estaba realizando para perjudicar el patrimonio de doña Julia«, recalcó Carlos Poveda, del Ministerio Público .
Por su parte, Ia juez Irma Laguna, mencionó que «se califica definitivamente en lo que establece la norma penal, en el artículo 230 en los incisos B y E del Código Penal vigente, a título de coautora a las declaradas culpables: Aracely del Socorro Marcia Rivas, y Jennifer Mayela Velázquez Marcia«.
En el debate de pena, el Ministerio Público solicitó 6 años de prisión y 300 días multas, mientras que la Defensa Técnica pidió 3 años de prisión.
