NSCAG rechaza política exterior intervencionista de EE.UU. sobre Nicaragua
El 20 de diciembre del año pasado, el presidente Trump presentó a Nicaragua su «regalo» navideño con la firma de la ley NICA Act. La ley tendrá el efecto de imponer una serie de sanciones a Nicaragua, amenazando así toda una gama de programas sociales implementados por el Gobierno del FSLN, y son los pobres los más vulnerables de la sociedad quienes sufrirán como resultado.
Si alguna vez hubo alguna duda sobre las intenciones de Estados Unidos hacia Nicaragua, las declaraciones hechas por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton y recientemente por el secretario de Estado Mike Pompeo, las dejan muy claras. El 1 de noviembre, Bolton denunció a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, como una «troica de tiranía» responsable de «fomentar el comunismo en la región». Refiriéndose a Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, él afrimó que «espera ver caer a sus gobiernos«. Pompeo, en Brasil para la inauguración de extremista Bolsonaro, dijo a los reporteros que Venezuela, Cuba y Nicaragua eran países que «no comparten los valores democráticos que unen a Estados Unidos y Brasil» y que «tenemos la oportunidad de trabajar junto contra otros regímenes autoritarios».
Y desde mayo de 2018, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, incrementó la retórica intervencionista contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, afirmando que trabajar por la «libertad» en los tres países es una prioridad para el gobierno de Trump: «Nos mantendremos de lado de quienes anhelan la libertad y nos enfrentaremos a sus opresores«.
Es increíble que Estados Unidos siga atacando a Nicaragua, Cuba y Venezuela mientras ignora la represión violenta y los abusos a los derechos humanos en Honduras y Guatemala, por no mencionar a Colombia, donde 164 líderes sociales y comunitarios fueron asesinados en 2018 y cuatro han sido asesinados desde el inicio del año nuevo. Al mismo tiempo, Estados Unidos coquetean con Bolsonaro, su nuevo amigo y aliado en Brasil.
La Ley NICA Act tiene poco que ver con la preocupación de los Estados Unidos por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, y tiene que ver con la escalada de la agenda de cambio del régimen de la administración Trump y el deseo de los Estados Unidos de afirmar su dominio sobre toda la región de América Central. El 27 de noviembre de 2018, Donald Trump declaró: “Yo, Donald Trump, encuentro que la situación en Nicaragua (…) constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y Por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza”.
NSCAG ha escrito (aquí) al Embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido condenando los intentos del Gobierno de los Estados Unidos por socavar la democracia y la soberanía de Nicaragua.
